Mientras el juez Pablo Llanera ha vuelto a dejar en su sitio a Puigdemont, al rechazar las pretensiones de este de negociar su investidura con la Justicia, ERC parece avanzar en la resolución del callejón sin salida del proceso soberanista, aireando que solo votarán por el expresidente si eso no implica consecuencias penales.
Las mayores actuaciones decisivas en estos años de desafío soberanista han sido propiciada por el poder judicial, mediante las decisiones del Tribunal Supremo y del Constitucional, que han dejado en evidencia a un ejecutivo, que salvo por la aplicación del 155, ha mostrado demasiadas torpezas. Entre ellas, la respuesta al 1 de octubre.
Ello demuestra la importancia de la división de poderes y enseña el camino a seguir: respuesta judicial. Eso es lo que debe hacer un Estado de derecho.
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