Punto de soldadura

El artículo del lehendakari Iñigo Urkullu en El País se inserta de una manera relevante en la reacción fiuerista ante el debate suscitado con la financiación autonómica, a raíz de la crisis catalana, en cuya génesis jugó un papel primordial el malestar económico, sintetizado en el España nos roba, eslogan tan poderoso, como tendencioso.

Lo sufrido en Cataluña en los últimos años ha generado un debate en toda España sobre los ingresos y gastos del  Estado en los diversos territorios que lo componen, complementario con el nivel de descentralización existente. Los excesos en que ha incurrido el nacionalismo catalán han llevado a un rearme del nacionalismo español, poniendo sobre el tapete una centralización, especialmente de determinadas competencias, entre ellas la educativa. Respecto al crucial asunto de la financiación autonómica, vuelven a aflorar planteamientos, como los aportados por Ciudadanos, la formación política con más proyección futura,  que inciden en el espejismo igualitario como solución al defectuoso sistema actual, que indudablemente lastra las posibilidades de éxito de España. 

Uno de los fallos radica en que en las comunidades de régimen común, una administración recauda, la central, mientras que otra, la autonómica, gasta la mayor parte de esos recursos. De tal manera que el ciudadano tiene dificultades para calibrar las responsabilidades de sus gestores. Eso no ocurre en las dos comunidades ajenas al sistema general;: País Vasco y Navarra, donde las diputaciones de las cuatro provincias son las competentes a la hora de cobrar los impuestos a los ciudadanos residentes en su respectivo territorio.

Eso es debido a las pervivencias foralistas, concretadas en el Convenio Económico y el Concierto Económico. El primero, en Navarra, y el segundo, en las tres provincias vascas. Tales instrumentos económicos fueron creados a la par de la construcción nacional española. El navarro a partir de la ley de 1841, que reguló las relaciones de Navarra y el Estado, convirtiéndose en provincia el viejo reino e integrándose así en el Estado-nación español. Y los vascos desde la ley de 1876 que estipuló la obligación contributiva de los vascongados al erario estatal. Es decir, antes de esas fechas, ni vascongados, ni navarros aportaban fondos a España, aunque sí lo hacían a sus reyes respectivos, los castellanos en el caso vasco y a los monarcas propios en el caso del viejo reino, que desde los Reyes Católicos coincidieron.

Esa fue la situación que se encontró la nación española, cuando se constituyó a partir de 1808. Pero aquel Estado liberal, tampoco aspiró claramente a una homogeneización, aunque fue impulsando progresivamente una construcción estatal globalizadora. Además, hay que tener ene cuenta que el pago de impuestos fue una realidad ajena a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Durante todo el siglo XIX y gran parte del siguiente, el XX, la población afectada por la contribución de impuestos directos fue mínima en toda España, quedando reducida a las rentas más altas. Situación que cambió a partir de la Transición Democrática, cuando se generalizó el pago de todos los ciudadanos, pero alaveses, guipuzcoanos, navarros y vizcaínos lo siguieron haciendo a sus respectivas haciendas provinciales, salvo el paréntesis franquista en lo que se refiere a Guipúzcoa y Vizcaya, tras el castigo del dictador a aquellas dos provincias, que fueron tildadas de traidoras en la Guerra Civil.

Eso es lo que hay. Una situación derivada de los derechos históricos forales, reconocidos en la Constitución de 1978. Es decir, tales circunstancias son sobrevenidas y la nación española se encontró con ellas. 

Otra cosa es la interpretación que de las mismos se da. Tanto el Concierto como el Convenio suponen una negociación basada en cuánto aportan esos territorios al Estado por las competencias no transferidas, fundamentalmente Defensa y Exteriores. Desde la creación de tales instrumentos económicos, el fuerismo ha dado una interpretación bilateral de tales negociaciones, al entender que ambas partes disfrutan de un estatus paritario; es decir, una consideración igualitaria del Estado y provincia particular. Pese a que haya historiadores y juristas que lo nieguen, en el caso navarro, la ley de 1841, denominada significativamente paccionada, ha tenido tradicionalmente dicha lectura, alentada por todo tipo de regímenes, incluido el franquismo, que entusiásticamente secundó tal interpretación, dentro de su retórica de halagar a una provincia que contribuyó decisivamente a su triunfo en la última contienda fratricida. En el caso vasco es aún más discutible, ya que en el primer concierto, el de 1878, no hubo ningún reconocimiento a tal bilateralidad, pero de hecho el Estado español la fue admitiendo a lo largo del final de aquel siglo y durante todo el siguiente, en el caso alavés, y con el mencionado paréntesis franquista, en el guipuzcoano y  vizcaíno.

Ese es uno de los rasgos que más destaca Urkullu en su artículo, lo que en la práctica se traduce en un sistema confederal con España, en el que el lehendakari aprovecha para dar un paso más e intitular a Euskadi como una de las dos partes, cuando en puridad foral lo serían cada una de las provincias vascas. Tal pretensión ha sido definida como la Nación Foral Vasca, alentada precisamente por el propio Urkullu.

En lo que no caben dudas, a mi entender, es en el aviso del lehendakari, cuando califica el Concierto como el “punto de soldadura” entre España y el País Vasco.  Aquí no caben incertidumbres: la hipótesis de abolir el Concierto a la luz del debate sobre financiación existente, se saldaría con un aumento sustancial del independentismo vasco. Hoy, por hoy, el Concierto es lo que suelda ese territorio con España. Probablemente, lo único.

Sería insensato, por tanto, ponerlo en cuestión. La reforma de la financiación no debe incurrir en vestir un santo para desvestir a otro. España no debe hacer las cosas tan mal como para verse obligada a elegir entre Euskadi y Cataluña. En el siglo XVII, tuvo que hacerlo trágicamente entre Portugal y Cataluña, con el resultado conocido: la pérdida de Portugal, un reino que se había expansionado por todo el mundo, anunciando la globalización futura y logrando réditos cuantiosos a través del comercio. 

España tiene graves desigualdades territoriales, algo que padecen también otros muchos estados, como el ejemplo italiano atestigua. En nuestro país, tan solo hay dos comunidades que por riqueza y población pueden paliar tal hecho. Las dos sufren de una clara descapitalización debido a que sufragan las carencias de otras regiones. Son Madrid y Cataluñas. Por eso, la propuesta de Urkullu, en su escrito, de generalizar el Concierto y otorgárselo a Cataluña, supondría en ls práctica que solo quedaría Madrid para combatir las desigualdades existentes en España. Tamaña empresa quedaría muy por encima de la capacidad de Madrid y se traduciría en una quiebra de España.

Pero, tal constatación, que juega en contra de otorgar el Concierto a Cataluña, no debe llevarnos a adoptar la postura contraria en aras de la igualdad, consistente en abolirlo para las provincias forales, porque ello fundiría el punto de soldadura con el País Vasco, peligro que los planes de algunos pueden concretar.