Tengo mis dudas de que sea oportuno, estratégicamente hablando, haber activado hoy el artículo 155 de la Constitución. Es cierto, que se trata de momento de un mero requerimiento al presidente de la Generalitat para que aclare lo escenificado ayer en el Parlament, que siendo elegantes podría definirse como ceremonia de la confusión.
Al final de lo vivido en la cámara autonómica se pueden extraer unas pocas certezas. La primera es que Carles Puigdemont adujo en un discurso las razones que a su juicio acreditan la independencia de Cataluña, basadas eso sí en un referéndum sin garantías que según sus propios datos solo voto un 43% de los catalanes, extremo que en el mundo democrático no es un argumento.
La segunda es que 72 diputados del Parlament, de un total de 135, suscribieron un Manifiesto por la independencia. Tales diputados son la mayoría absoluta de la cámara autonómica, pero lo que firmaron no fue tramitado por el pleno del parlamento, aunque se escenificase en una de las salas del edificio de la institución. No fue por tanto, un acto del Parlament, sino solo de una parte de la cámara, que en número de votos representados no alcanza, además, la mayoría absoluta de votantes catalanes.
Tercera, la más importante, es que ayer, más allá de escenificaciones, se constató las divisiones existentes entre los independentistas, entre Junts pel Sí y la CUP. Tal vez ahora era el momento de alentar esa división, fracturando la mayoría parlamentaria soberanista.
Y cuarta es que Puigdemont aprovechó la presencia de un considerable número de periodistas extranjeros para publicitar el mensaje de que los independentistas están por la negociación e insistir en una mediación internacional que les garantice de entrada la bilateralidad pretendida y posibilite, precisamente, el estatus aspirado.
Ante esta última, el PP y el PSOE han acordado abrir la reforma constitucional, que permita el diálogo y alumbre una negociación basada en la legalidad vigente, que excluye precisamente la independencia. Tal planteamiento cumple con los requisitos que desde la Unión Europea se han insinuado al gobierno: dialogar dentro de la ley, lo que va en consonancia con el modelo de Estado de derecho defendido por Bruselas, que ha permitido la más exitosa construcción democrática existente en el mundo.
Tal vez, hoy había que poner el foco de atención en esta última medida: la del diálogo dentro de la ley, la de la democracia y del Estado de derecho. Y dejar para más adelante la activación del 155, mientras se rompía más el independentismo.
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